Desde la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, los profesionales veterinarios han trasladado de manera reiterada —a través del Comité de Crisis Veterinario, las organizaciones colegiales y múltiples movilizaciones en todo el país— los graves problemas que esta normativa genera para el ejercicio profesional, para el bienestar animal y para la salud pública.
El Parlamento, consciente de esta realidad, aprobó una enmienda transaccional en la Ley General de Salud Pública, instando expresamente al MAPA a:
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Modificar los aspectos del RD 666/2023 que obstaculizan el trabajo diario veterinario.
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Facilitar el uso de determinados antibióticos esenciales.
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Permitir a los veterinarios la cesión de tratamientos completos.
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Y, de manera inequívoca, abrir un proceso de diálogo con el colectivo veterinario para revisar y adaptar la normativa y ofrecer soluciones reales que satisfaga al colectivo veterinario.
¡¡NADA DE ESTO SE HA CUMPLIDO!!
Lejos de respetar la voluntad mayoritaria del Parlamento y las necesidades reales de los profesionales, el MAPA ha optado por mantener una postura inmovilista, negando soluciones, retrasando decisiones, bloqueando cualquier avance y con claras intenciones de venganza hacia el colectivo. Estamos más unidos que nunca y estamos en todas partes. Este bloqueo es incompatible con la responsabilidad institucional que exige un asunto tan sensible como el uso de medicamentos veterinarios y la lucha contra la resistencia antimicrobiana.
A esta situación se suma el hecho de que, pese a anunciarse el cese de Valentín Almansa de Lara, anterior Director General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal y principal impulsor de la actual normativa, este continúa hoy como asesor del Ministerio, participando de facto en las decisiones que afectan directamente al colectivo veterinario.
Del mismo modo, y aun reconociendo la profesionalidad de Ana Fernández Martín, la decisión de situarla al frente de Presvet —siendo esposa del Director General cesado— resulta, como mínimo, innecesaria, inapropiada y contraria a los principios de independencia, transparencia y neutralidad que deben regir la gestión pública, especialmente en un contexto de conflicto abierto con la profesión.
Todo ello, unido a la falta de iniciativa del nuevo Director General, Emilio García Muro, al inmovilismo generalizado del equipo directivo del MAPA y a la falta de propuestas y acercamiento al colectivo veterinario clínico que lleva sufriendo la imposibilidad de ejercer su criterio desde principios de año, evidencia una situación insostenible que nos está perjudicando y compromete la confianza necesaria para avanzar en soluciones constructivas.
Por estas razones, y en defensa del ejercicio profesional, de la salud pública y del interés general, exigimos al ministro Luis Planas el cese inmediato de Ana Rodríguez Castaño, como principal máxima responsable de la actual situación de estancamiento del Ministerio y de la falta de diálogo con los veterinarios. No entendemos el porqué de esta permanente animadversión hacia sus compañeros de profesión y el porqué de esas salidas de tono en redes sociales con los compañeros veterinarios.
Asimismo, reclamamos una convocatoria urgente de diálogo real, con la presencia irrenunciable del Ministro Planas y con responsables que garanticen la independencia, la transparencia y la voluntad política necesarias para avanzar en las modificaciones comprometidas y en las legítimas demandas del colectivo.
Los veterinarios hemos mostrado siempre nuestra disposición a colaborar. Lo que ahora reclamamos es que el Ministerio esté a la altura de su responsabilidad y de la situación por el bien de la Salud Pública.
Grupo de Portavoces de Vetsunidos
